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SERVIMEDIA 18.03.19
Carcedo compareció en la sede de la ONU en representación de la delegación española que hoy defendía las políticas de discapacidad llevadas a cabo y sobre cuyo grado de cumplimiento deberá pronunciarse el Comité. Según el ministerio, la delegación española ha presentado las mejoras aplicadas desde la evaluación a la que se sometió en 2011, siguiendo las 21 recomendaciones que entonces hizo este organismo.
En su intervención, la ministra expuso algunos de los hitos más relevantes, entre los que destacó la reciente reforma de la ley electoral que garantiza el derecho al voto a todas las personas con discapacidad y permitirá que en las próximas elecciones 100.000 puedan votar por primera vez.
También aludió Carcedo a la reforma en curso del artículo 49 de la Constitución para sustituir la palabra “disminuidos” por “personas con discapacidad” y reemplazar la concepción médico-rehabilitadora y asistencial por el enfoque “convencionalista”, basado en el reconocimiento de los derechos y deberes de las personas con discapacidad.
Otra de las cuestiones planteada fue la aprobación del anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, que abarca desde el acompañamiento amistoso a la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad a la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad.
EDUCACIÓN INCLUSIVA
Por otra parte, la delegación española subrayó que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. También presentó el proyecto de una nueva Ley Orgánica de Educación, que impulsa el principio de educación inclusiva a lo largo de todo el articulado.
Este texto establece que, el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años –y siguiendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030–, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
Las mejoras para favorecer la accesibilidad universal han sido otra de las políticas destacadas por carcedo. Según apuntó, “nos preocupa la escasez de edificios que cuentan con las medidas adecuadas para el acceso físico a la vivienda, pues tan solo el 0,6% de los 10 millones de inmuebles disponen de medidas adecuadas”, reconoció.
Entre las cuestiones a las que ha aludido la ministra, figura también la introducción en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud de 48 nuevas prestaciones ortoprotésicas, entre ellas sillas de ruedas más ligeras y flexibles, férulas, corsés y los elementos externos del implante coclear, entre otros.
ESTERILIZACIÓN
La Ministra también explicó que se ha constituido un grupo de expertos para estudiar la supresión de la esterilización acordada judicialmente sin el consentimiento pleno y otorgado con conocimiento de causa de las personas con discapacidad, tal y como instó el Comité en 2011. España ya aprobó en 2015 una modificación del Código Penal donde la esterilización acordada por órgano judicial se circunscribe a supuestos excepcionales en los que se produzca un grave conflicto entre bienes jurídicos protegidos.
Otra de las recomendaciones que hizo el Comité en 2011 y sobre las que se está trabajando es la “revisión de sus disposiciones legislativas que autorizan la privación de la libertad por motivos de discapacidad, incluidas las discapacidades mentales, psicológicas o intelectuales”. De hecho, el internamiento involuntario será configurado como una medida extraordinaria y excepcional orientada a responder a situaciones graves y urgentes en las que resulten insuficientes otros mecanismos de protección alternativos menos restrictivos, subrayó Carcedo.
Por último, recordó que España ha declarado oficialmente el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues EN ese día de 2008 España puso en marcha la aplicación de la Convención.
La delegación española que ha acudido a Ginebra está compuesta por 9 Ministerios (Presidencia; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Exteriores, UE y Cooperación; Justicia; Educación y FP; Interior; Fomento; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Política Territorial y Función Pública). También participan la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Además, en nombre de todas las comunidades autónomas, ha acudido un representante de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León.
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