SOBRE DISCAPACIDAD

Regulación

En diciembre de 2003 entró en vigor la Ley de Trato Igualitario en base a discapacidad o enfermedad crónica. Se trata de hacer el mayor esfuerzo para que las personas con limitaciones puedan participar por sí mismas en la sociedad. Tratamiento igualitario, apoyo y disposiciones especiales (como por ejemplo recursos y formas de vida) son los conceptos clave. Por tratamiento igualitario de la gente con limitaciones se entiende la misma atención a este grupo de personas que a cualquier otra, aunque ciertamente también significa que se necesita una adaptación de la norma para que la personas con discapacidad tenga realmente posibilidades comparables a las de cualquier otra persona.

Desde el 1 de enero de 2006 el código penal contempla la discriminación por discapacidad.

Información complementaria

El Plan de Implementación de la Convención de derechos de las personas con discapacidad, junto con el Decreto de Accesibilidad, funcionan como Estrategia Nacional de Discapacidad.

SOBRE CONTRATACIÓN RESPONSABLE

Regulación

El 1 de julio de 2016 entró en vigor la Ley de contratación pública holandesa modificada, que implementa las últimas directivas de contratación de la UE (2014/23 / UE, 2014/24 / UE y 2014/25 / UE) y se aplica a toso los contratos públicos.

Reconoce los principios generales de contratación pública (igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia) y los principios generales de la ley civil holandesa (incluida la buena fe precontractual).

La Ley se desarrolla en el Decreto de contratación pública (Aanbestedingsbesluit).

Además del Documento Europeo de Contratación Única, del Decreto forman parte los siguientes documentos:

- Guía de proporcionalidad (Proportionaliteitsgids), que pretende garantizar que todos los requisitos establecidos por la autoridad contratante sean proporcionales al objeto y al alcance del contrato público. El Decreto de contratación pública establece que la Guía de proporcionalidad debe considerarse una directiva obligatoria.

- Reglamento de Adquisiciones de Obras 2016 (Aanbestedingsreglement Werken 2016), que describe los procedimientos para la contratación por encima del umbral de la UE, siendo obligatorio para los contratos por debajo de ese umbral.

Información complementaria / Buenas prácticas

En general, es posible implementar retornos sociales en todos los procedimientos de compra, ya sea que estén por encima o por debajo del umbral de contratación pública europea. En ausencia de una política nacional, las organizaciones individuales son libres de interpretar las políticas de retorno social a su manera. El Estado implementa el retorno social en su política de adquisiciones para las compras públicas en las categorías de "obras" y "servicios" que superan los € 250,000 con un período de contrato mínimo de seis meses.

Como destinatarios de esas políticas de retorno social se identifica, entre otros grupos, a las personas con discapacidad.

La implementación de la política de retorno social debe ser coherente con la legislación local y, por lo tanto, debe cumplir con los principios generales de la ley de contratación pública: no discriminación, objetividad, transparencia y proporcionalidad.

Hay varias formas en que los retornos sociales en los Países Bajos pueden incorporarse a la contratación pública:

- Requisito mínimo

El retorno social se puede incluir como un requisito mínimo para la contratación pública, por ejemplo, como un porcentaje del precio del contrato. Si la oferta no cumple con el requisito mínimo, se excluirá de la evaluación posterior.

- Criterios de adjudicación (y criterios de sub-adjudicación)

El retorno social se puede utilizar como un aspecto de calidad en el enfoque de la Oferta Económicamente Más Ventajosa (MEAT). Así, se puede valorar la inversión social en la implementación del contrato, siempre que sea medible objetivamente, factible y proporcionada. En la fase de implementación, se deben realizar verificaciones para comprobar que se está logrando esa inversión social. Generalmente se incluye una condición contractual relacionada con el retorno social.

Un plan de acción también se puede utilizar como un criterio de sub-adjudicación. El método objetivo para evaluar el plan de acción debe quedar claro para todos los oferentes.

- Condiciones especiales y condiciones de rendimiento.

Una autoridad contratante puede agregar condiciones especiales a la implementación de un contrato público. Estas condiciones deben indicarse en el anuncio de contrato o en los documentos de licitación. Deben tener una relación lo suficientemente estrecha con el objeto del contrato y no deben ser directa o indirectamente discriminatorias. Los términos y condiciones especializados de desempeño pueden estar vinculados a factores tales como consideraciones sociales. Al implementar el rendimiento social como parte de un contrato de desempeño, debe incluir un porcentaje específico de rendimiento social en el borrador del acuerdo, como requisito del contrato. Los postores se comprometen a gastar en un contrato determinado, por ejemplo, empleando a personas que están dentro del mercado laboral. La autoridad contratante supervisa el cumplimiento de esto durante las revisiones periódicas del contrato. Es responsabilidad del contratista seleccionar el método real utilizado en este proceso.

- Reserva de contratos

También puede reservar contratos públicos para instituciones de empleo protegido. Esto no significa otorgar un contrato privado a una de esas compañías. El contrato debe estar abierto a la competencia. En la invitación a licitar, la autoridad contratante debe indicar claramente que solo las instalaciones de empleo protegidas pueden responder.

También puede reservar lotes pequeños de una contratación pública, a través del reglamento, para colocarlos en empresas de empleo protegido seleccionadas.

Documentación

PIANOo, Centro Holandés de Expertos en Contratación Pública.